Rechazamos el mega decreto de necesidad y urgencia, junto a la ley bus
En la sociedad civil no habituamos establecer posiciones a favor o en contra de un gobierno, y en este caso no hay excepción, tomamos posición únicamente protegiendo derechos y procesos democráticos legítimos.
El mega decreto de necesidad y urgencia, junto con la mega ley representan un paso más en la profundización de un modelo autoritario que no contempla vidas humanas en su vocación por complacer a los intereses financieros concentrados de nuestro país y el mundo.
Sostenemos firmemente que se requieren propuestas y acciones, una agenda de nuevas alfabetizaciones. No creemos en la crítica sin propuesta, ni en la partidización tribal de los intereses ciudadanos.
Marcharemos, adhiriendo al paro nacional del 24 de enero mañana desde Bahía Blanca, demandando una representación genuina y el mayor esmero a la hora de emplear nuestros recursos democráticos.
Estos tiempos demandan lo mejor y lo más innovador de nuestra condición humana. La emergencia es la desigualdad, la injusticia y sus frutos. Debemos comprometernos a mejorar y multiplicar la capacidad de nuestras instituciones.
Nada más lejos que hacer abuso del poder ejecutivo para transferir recursos al poder concentrado. Lo que millones de familias necesitan a diario para sostener su plato de comida, su salud y su calidad de vida nunca puede subordinarse a la codicia y avaricia, mucho menos en nuestro país.
Una sociedad mejor se construye articulando toda acción de estado con la el 3er sector, las asociaciones civiles como bibliotecas populares, organizaciones ambientales, centros culturales, centros de jubilados y clubes de barrios. La innovación comunitaria florece en las alianzas que promovamos entre personas y organizaciones.
La avalancha de cambios no avanza en esta dirección, ni tampoco en ninguna que asombre por su efectividad y resolución. Tras el temporal en nuestra ciudad sabemos distinguir problema de solución.
La mirada cortoplacista y especuladora no conforma a quienes trabajamos desde instituciones con miras al futuro, atentas a las nuevas generaciones.
Entre tanto daño infligido, las personas con alguna discapacidad están siendo discriminadas explícitamente por el estado nacional, al no ser priorizada su condición y ser hechas a un lado.
También nos pronunciamos en defensa de la calidad sanitaria, ambiental, comunicacional, cultural y educativa, bajo amenaza por la medida, como así también la soberanía nacional y los recursos estratégicos de la nación.
No al DNU ni a la LEY Omnibus. Derechos y democracia de calidad. Basta de demagogia y atropello contra quienes menos tienen.